miércoles, octubre 23, 2013
Como es sabido,
el almacén subterráneo de gas natural del proyecto Castor que la UTE
concesionaria estaba realizando frente a la costa de Vinarós (Castellón), hasta
la orden de suspensión del Ministerio de Industria del pasado 26 de septiembre,
parece ser el causante de los seísmos acaecidos en el entorno de la plataforma,
entre la costa de Castellón y el Delta del Ebro.
En un anterior
post hicimos referencia a los controles previos que debió pasar la planta Castor para ser autorizada.
Queremos ahora tratar sobre la responsabilidad ambiental en que puede incurrir
la empresa explotadora.
La Ley 26/07 de
responsabilidad ambiental regula la responsabilidad de los “operadores” (personas
físicas o jurídicas que desarrollan una actividad económica o profesional) de
prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales o el riesgo inminente de
causarlos, de conformidad con el art. 45 de la CE y con la Directiva
2004/35/CE.
La Ley define
“daño ambiental” como aquel daño o perjuicio causado a las especies silvestres
y a los hábitat, a las aguas, a la ribera del mar y al suelo. Por tanto, el
daño causado a las personas o a su patrimonio privado, en su caso, sería objeto
de responsabilidad patrimonial de la empresa causante.
En cuanto a la
responsabilidad ambiental la ley diferencia entre a) la responsabilidad
objetiva, que aplica a los operadores relacionados en su Anexo III, de los que
se presumirá, salvo prueba en contrario, que han causado el daño cuando,
atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha desarrollado,
sea apropiada para causarlo; y b) la responsabilidad subjetiva, que aplica al
resto de operadores, de los que deberá probarse la existencia de dolo, culpa o
negligencia y la relación de causalidad con el daño ambiental.
En el caso que
nos ocupa, los expertos están conceptualizando los seísmos acaecidos en la
costa de Castellón como “sismicidad inducida”, causados por cambios en la
física de sólidos del subsuelo, como la inyección de gas realizada hasta la
fecha por el proyecto Castor, y, por tanto, susceptible de causar un efectivo
daño ambiental. No obstante, dicha posibilidad aún no ha sido confirmada.
La actividad
realizada por la UTE concesionaria del proyecto Castor se encuentra incluida en
el Anexo III de la Ley 26/07 (por tratarse de una actividad sujeta a
autorización, según el Anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, por constituir una actividad susceptible
de causar un mayor impacto en el medio ambiente), por lo que se presumiría,
salvo prueba en contrario, su responsabilidad en la causa del daño o el riesgo
de causarlo.
Dicha presunción
habilitaría a la Administración competente (en este caso, la Administración
estatal, dado que los daños afectarían a varias Comunidades Autónomas) a
imponer a la UTE concesionaria las medidas de evitación, precaución y, en su
caso, de reparación del daño causado.
El quid de la
cuestión en el caso que nos ocupa sería: 1.- probar la relación causal entre
los movimientos sísmicos y la actividad del proyecto Castor, y 2.- una vez
demostrada dicha causalidad y, en atención
a la responsabilidad objetiva de la actividad, cómo sería posible
reparar un posible fraccionamiento del subsuelo. Por lo que debería entenderse
que la reparación se circunscribirá a los posibles daños ambientales que la
activación de la falla cause (pérdida biodiversidad, cambio hábitats, etc).
Si el operador
responsable no repara el daño causado, la Administración Pública deberá
realizar dicha reparación mediante la ejecución subsidiaria, repitiendo
posteriormente su coste a la empresa responsable.
Por otro lado,
si el daño causado fuera consecuencia de una orden o autorización
administrativa disconforme a Derecho, el operador estará igualmente obligado a
repararlo, pero podría repetir su coste a la Administración Pública emisora de
dicha orden o autorización a través de la institución de la responsabilidad
patrimonial.
Por último, cabe
poner de manifiesto que la responsabilidad medioambiental del operador puede
concurrir con procedimientos penales o sancionadores.
Y todo ello, insistimos,
al margen de los daños patrimoniales que puedan causarse en el patrimonio
privado de los ciudadanos, que, en su caso sería objeto de responsabilidad
patrimonial de la empresa causante.
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