La nueva Ley de Costas.

1.- TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
El Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre de 2012, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988.

En fecha 13 de diciembre de 2012, dicho proyecto de Ley fue aprobado por el Congreso de los Diputados.

En este momento se está pendiente del trámite del Senado, y lo más probable es que sea remitida nuevamente al Congreso para su aprobación.

2.- SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, según datos del MAGRAMA, hay unas 10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. De ellas, en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

Aparte de las viviendas, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, de las cuales más de 1.700 son ocupaciones industriales, y más de 3.000 son “chiringuitos” (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos), lo que significa un volumen de actividad económica y de empleo muy considerable.

El nuevo proyecto de Ley quiere regular esta situación, dando seguridad jurídica a los titulares de derechos afectados por dicha situación.

3.-PRINCIPALES NOVEDADES
Según el MAGRAMA, las principales novedades de la Ley, que se pueden agrupar entorno a tres objetivos son las siguientes:

a)      Dar mayor seguridad jurídica a propietarios, concesionarios y usuarios:

• Se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y se aplican criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa.
• Se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos; para ello, los bienes de DPMT se deben inscribir en el Registro de la Propiedad, y todos los ciudadanos podrán acceder vía Internet a los deslindes.

b)     Reforzar la protección del litoral:

• Se introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas y para los tramos naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor al vigente en la actualidad.
• La Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales; con ello se podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
• Se impiden nuevas edificaciones en el DPMT y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.

c)      Facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas:

• Se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Con ello, se proporciona a dichas actividades un horizonte amplio de actividad e inversión, a la vez que se fomenta una mayor corresponsabilización de los concesionarios hacia la conservación del DPMT.
• Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma por un plazo máximo de 75 años.
• No obstante, en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.

4.- CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

Las medidas previstas por el proyecto de Ley enfrentan a los que consideran que la costa es un espacio natural merecedor de protección especial, con los que lo perciben como un marco único para desarrollar actividades económicas y particulares.

La nueva Ley pretende encontrar un equilibrio entre ambas concepciones de la costa y dar seguridad jurídica a cada una de ellas. La consecuencia práctica es que, donde se podían desarrollar actividades humanas, las mismas se consolidan para aprovechar el potencial económico y turístico que representan; en cambio, donde la costa estaba protegida urbanísticamente, se amplían los mecanismos de protección y se limitan las posibilidades de transformar los tramos de costa todavía vírgenes.

5.- REACCIONES AL PROYECTO DE LEY
Según el MAGRAMA, la Comisión Europea ha valorado positivamente el nuevo texto porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español.

Sin embargo, las asociaciones ecologistas destacan que con la nueva Ley se privatiza el litoral (aumento de prórroga de las concesiones y restricciones en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre), que se han aplicado criterios subjetivos o poco fundados para establecer excepciones y regímenes concretos (como el caso de Formentera, que tendrá un régimen más laxo, o los núcleos de población excluidos del dominio público, entre los que se hallan Ampuriabrava en Girona, o las viviendas de Oliva en Valencia),  y que aumenta la probabilidad de contaminación del mar y las playas (dado que se consolidan usos industriales, comerciales y residenciales).

6.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Más allá de las consideraciones políticas que cada uno pueda tener sobre el proyecto de ley en trámite, el texto actual plantea algunas dudas jurídicas en su redacción o en su aplicación:

a)  Posible invasión de competencias al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.

b)  Posible infracción de los principios de igualdad y no discriminación por el trato diferenciado a situaciones análogas (casos Formentera o núcleos excluidos del dominio público, no aplicados a otros casos similares, o régimen de exigibilidad del canon en supuestos diversos).

c)   Régimen discrecional de protección de los tramos naturales de las playas.

d)   Régimen discrecional en la fijación de la duración de las concesiones de uso del dominio público marítimo-terrestre con obras o instalaciones no desmontables.

Deberemos esperar a la publicación del texto definitivo de la Ley para ver si las dudas jurídicas quedan resueltas y, por tanto, las personas, empresas y colectivos implicados  cuentan con una mayor seguridad jurídica gracias a la entrada en vigor de la nueva ley

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Prioridad del cambio climatico

El catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, Javier Martín Vide, ha reconocido hoy en Suances que, en este contexto de crisis económica, el cambio climático y la cuestión ambiental “han bajado puestos en el ranking de prioridades” por lo que apuesta por la participación ciudadana para “no olvidar que es una cuestión grave que condicionará el futuro de la humanidad”. El también presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) ha participado en el curso de verano de la Universidad de Cantabria “Las 4E de la sostenibilidad: Energía, Economía, Ecología y Ética”.

Marín Vide ha advertido que “hemos de pedirles a nuestros administradores que sean consecuentes con la cuestión ambiental”, y una vez llegada la hora de las elecciones, “hemos de intentar elegir –ha añadido- las opciones más respetuosas y conscientes con esta problemática”.

Martín Vide se aleja de posturas catastrofistas pues considera que “no nos llevan a nada, únicamente a la inacción”; por eso, aunque “no tenemos muchos motivos para ser optimistas”, el ponente ha insistido en que “tenemos la obligación de ser positivos”. Autor del libro sobre cambio climático “Apaga la luz”, Martín Vide aboga por adaptarnos a la nueva realidad para intentar mitigar la emisión de gases invernadero pues, según ha explicado, se encuentran en la base del problema climático.

“Todos tenemos una cuota de participación” y por ello insta a la ciudadanía a reducir el consumo energético y los residuos generados en las casas, así como practicar actividades de ahorro energético y reutilización de agua. Hábitos y costumbres como “el apaga la luz, de nuestras madres y abuelas nos hacen consecuentes” con el cambio climático.

Desde un punto de vista macroeconómico, el geógrafo plantea que el Producto Interior Bruto, indicador de desarrollo y avance de un país, además de elementos puramente económicos, “debería incluir otros como el impacto ambiental que generan nuestras industrias, servicios y actividades”, pues según ha defendido, “mejorar como humanidad no significa gastar más”.

Para el ponente, experto en clima y cambio climático, “apostar por educación y cultura es apostar por el futuro”. Por ello ha defendido que la cuestión ambiental debería incluirse en la educación a todos los niveles, “no de forma aislada –ha añadido- sino que todas las asignaturas han de estar impregnadas de esta componente ambiental”.

Crecimiento económico, equidad y respeto ambiental son los tres pilares fundamentales tratados en Río de Janeiro, en la conferencia de Naciones Unidas sobre sostenibilidad, Río +20. En este encuentro, se ha planteado, según el catedrático, la educación y la cultura como un cuarto pilar.

El documento final de Río +20 es un gran documento de principios, en opinión del presidente de AGE, quien ha asegurado que si se cumpliera lo propuesto, el planeta sería muy diferente. “Río +20 ha sido un momento de reflexión colectiva, con participación de todos los actores, pero ahora se trata de trabajar, llevarlo a cabo, y eso no es fácil”, ha reconocido el ponente, consciente de que se necesitan acciones, medidas y acuerdos vinculantes que pongan en práctica lo establecido.

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Sostenibilidad segun Xavier Elias

El director de la Bolsa de Subproductos de Cataluña, Xavier Elías Castells, dirige y participa en el curso “Las 4 E de la sostenibilidad: Energía, Economía, Ética y Ecología” que se celebra esta semana en Suances dentro del programa de verano de la Universidad de Cantabria

El director de la Bolsa de Subproductos de Cataluña, Xavier Elías Castells, ha señalado hoy en Suances que el modelo energético español es “un modelo de insostenibilidad total” desde todos los puntos de vista.

“España depende en más un 80% de materias primas energéticas del exterior”, ha explicado el ponente, que se ha referido también a la insostenibilidad del modelo energético español desde el punto de vista ambiental, debido la contaminación y generación de CO2, y a su falta de sostenibilidad económica.

La concienciación ciudadana es necesaria, ha defendido el director de la Bolsa de Subproductos de Cataluña, quien ha recordado que “todo lo que hacemos desde que nos levantamos gasta energía” y por ello “tenemos que pensar y reflexionar individualmente si tenemos algo mal enfocado".

El profesor catalán considera que su libro “Energía, Agua, Medio Ambiente, Territorialidad y Sostenibilidad” es “una hoja de ruta para establecer el norte energético que ha establecido el gobierno".

Coches del futuro

En un hipotético caso futuro en el que “la gasolina llegue a cinco euros el litro y se siga ganando lo mismo, no se podrá ir en coche y habrá que buscar alternativas para seguir usando este medio de transporte”.

“El futuro es el coche eléctrico pero antes de llegar al coche eléctrico se necesita un avance tecnológico que todavía no se ha alcanzado”, ha dicho el profesor.

Avances tecnológicos, tanto en materia de batería, como en generación, pues,“no se va a usar un coche eléctrico si la electricidad viene de un ciclo combinado de gas o de una central nuclear, sino cuando provenga de una fuente renovable”.

Viviendas

Respecto a las viviendas sostenibles, el profesor ha defendido que son técnicamente posibles “sin hacer grandes esfuerzos económicos”. Según ha explicado, el coste de construcción de una vivienda sostenible “varía muy poco si haces números, pues gracias al ahorro energético se paga con creces la diferencia económica al primer año”.

En otros países, como Alemania, se construyen casas autosostenibles, desconectadas de la red eléctrica y del suministro de gas natural, mientras que en el litoral mediterráneo, donde la temperatura es más templada, se encuentran casas “mal aisladas en las que no se han cuidado los materiales”.

En España existe “alguna iniciativa” de viviendas sostenibles, financiadas por programas europeos o españoles en colaboración con universidades, que demuestran que con la construcción de una vivienda con parámetros sostenibles el consumo energético es mínimo. “Ahora –ha añadido Elías Castells- tenemos que hacer que estas iniciativas lleguen al gran público”.

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