1.- TRAMITACIÓN
PARLAMENTARIA
El Consejo de Ministros
aprobó el 5 de octubre de 2012, a propuesta del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988.
En fecha 13 de diciembre
de 2012, dicho proyecto de Ley fue aprobado por el Congreso de los Diputados.
En
este momento se está pendiente del trámite del Senado, y lo más probable es que
sea remitida nuevamente al Congreso para su aprobación.
2.- SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, según
datos del MAGRAMA, hay unas 10.000 viviendas en Dominio público marítimo
terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. De
ellas, en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a
su demolición.
Aparte de las viviendas,
existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, de las cuales más de 1.700
son ocupaciones industriales, y más de 3.000 son “chiringuitos” (unos 1.300
restaurantes y 1.700 kioscos), lo que significa un volumen de actividad
económica y de empleo muy considerable.
El nuevo proyecto de Ley quiere
regular esta situación, dando seguridad jurídica a los titulares de derechos
afectados por dicha situación.
3.-PRINCIPALES NOVEDADES
Según el MAGRAMA, las
principales novedades de la Ley, que se pueden agrupar entorno a tres objetivos
son las siguientes:
a) Dar mayor seguridad jurídica a
propietarios, concesionarios y usuarios:
- Se define mejor el
alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y se aplican criterios
estrictamente técnicos para deslindar la costa.
- Se garantiza la
información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos; para ello,
los bienes de DPMT se deben inscribir en el Registro de la Propiedad, y todos
los ciudadanos podrán acceder vía Internet a los deslindes.
b) Reforzar la protección del litoral:
- Se introduce un
régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas y para los tramos
naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas, se
impondrá un nivel de protección mayor al vigente en la actualidad.
- La Administración
General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los
actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la
integridad del dominio público marítimo-terrestre, o que supongan una
infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de
protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales; con ello se
podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
- Se impiden nuevas
edificaciones en el DPMT y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los
edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o
superficie.
c) Facilitar la viabilidad y
sostenibilidad de las actividades económicas:
- Se amplían los plazos
máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de
Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Con ello,
se proporciona a dichas actividades un horizonte amplio de actividad e
inversión, a la vez que se fomenta una mayor corresponsabilización de los
concesionarios hacia la conservación del DPMT.
- Ante la perspectiva
del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la
posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada
en vigor de la ley de reforma por un plazo máximo de 75 años.
- No obstante, en
aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos
destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil
y papelera, será necesario un informe ambiental específico para otorgar la
prórroga.
4.-
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS
Las medidas previstas por
el proyecto de Ley enfrentan a los que consideran que la costa es un espacio
natural merecedor de protección especial, con los que lo perciben como un marco
único para desarrollar actividades económicas y particulares.
La nueva Ley pretende
encontrar un equilibrio entre ambas concepciones de la costa y dar seguridad
jurídica a cada una de ellas. La consecuencia práctica es que, donde se podían
desarrollar actividades humanas, las mismas se consolidan para aprovechar el
potencial económico y turístico que representan; en cambio, donde la costa
estaba protegida urbanísticamente, se amplían los mecanismos de protección y se
limitan las posibilidades de transformar los tramos de costa todavía vírgenes.
5.- REACCIONES AL
PROYECTO DE LEY
Según el MAGRAMA, la
Comisión Europea ha valorado positivamente el nuevo texto porque considera que
dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el
litoral español.
Sin embargo, las
asociaciones ecologistas destacan que con la nueva Ley se privatiza el litoral
(aumento de prórroga de las concesiones y restricciones en la delimitación del
dominio público marítimo-terrestre), que se han aplicado criterios subjetivos o
poco fundados para establecer excepciones y regímenes concretos (como el caso
de Formentera, que tendrá un régimen más laxo, o los núcleos de población
excluidos del dominio público, entre los que se hallan Ampuriabrava en Girona,
o las viviendas de Oliva en Valencia), y
que aumenta la probabilidad de contaminación del mar y las playas (dado que se
consolidan usos industriales, comerciales y residenciales).
6.- CONSIDERACIONES
JURÍDICAS
Más allá de las
consideraciones políticas que cada uno pueda tener sobre el proyecto de ley en
trámite, el texto actual plantea algunas dudas jurídicas en su redacción o en
su aplicación:
a) Posible invasión de competencias
al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por
los ayuntamientos.
b) Posible infracción de los
principios de igualdad y no discriminación por el trato diferenciado a
situaciones análogas (casos Formentera o núcleos excluidos del dominio público,
no aplicados a otros casos similares, o régimen de exigibilidad del canon en
supuestos diversos).
c) Régimen discrecional de protección
de los tramos naturales de las playas.
d) Régimen discrecional en la
fijación de la duración de las concesiones de uso del dominio público
marítimo-terrestre con obras o instalaciones no desmontables.
Deberemos
esperar a la publicación del texto definitivo de la Ley para ver si las dudas
jurídicas quedan resueltas y, por tanto, las personas, empresas y colectivos
implicados cuentan con una mayor
seguridad jurídica gracias a la entrada en vigor de la nueva ley
jueves, abril 18, 2013
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Los
días 8 y 9 de abril de 2013 ha tenido lugar el SABADELL SMART CONGRESS, en el
que se han presentado y debatido las últimas tendencias internacionales en el
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Destacadas
figuras internacionales como Jeremy
Rifkin o José María Gay de Liébana, entre muchos otros, han participado en las
diversas ponencias celebradas, relativas
a smart energy, smart environment, smart mobility, smart safety, smart people o
smart economy.
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