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jueves, 3 de octubre de 2013

La CNE, contra el “impuesto al sol”

El nuevo 'peaje de respaldo' al autoconsumo de electricidad incluido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la propuesta de real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que en diversos ámbitos del sector ya se conoce como "impuesto al sol" ha sido criticado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que emitió el pasado 9 de setiembre su informe preceptivo. En dicho informe considera el peaje discriminatorio y suficiente para hacer inviables los proyectos y aboga por su eliminación por limitar la competencia a través de la imposición de una barrera económica que hiciera no rentables las inversiones en autoconsumo, ya que en los términos planteados por Industria, una instalación doméstica tendría un periodo de retorno de 35 años.

La CNE considera que el trámite de urgencia con el que se plantea la consulta coincide en el tiempo con el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, en trámite, y no garantiza la participación efectiva de los distintos agentes involucrados. Destaca la CNE que  la propuesta desarrolla un cambio esencial del modelo retributivo aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos ya establecido en el reciente Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, siendo un modelo novedoso, que no tiene reflejo en la UE y que debe ser desarrollado mediante orden ministerial que establecerá unos parámetros difíciles de concretar y cuantificar, sobre todo para las instalaciones existentes.

Recuerda también la CNE que la razón de ser de la existencia de los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es corregir uno de los llamados “fallos de mercado” en el sentido de compensar los costes ambientales, sociales y de suministro a largo plazo que otras formas de generación no internalizan por completo, para así definir un terreno de juego equilibrado y conseguir un desarrollo energético económica y medioambientalmente sostenible que cumpla además con los objetivos previstos en la planificación y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

Os dejamos aquí referencias sobre este tema:



  • La revista 'Forbes' se mofa del Gobierno español por poner un “impuesto al sol”
  • El sol ya no es gratis



  • jueves, 26 de septiembre de 2013

    La Eurocámara abre la puerta a los biocarburantes de última generación

    Los biocarburantes clásicos o de primera generación, principalmente el etanol y el biodiésel, se obtienen a partir de cultivos como el maíz o plantas oleaginosas como la soja, el girasol y la palma. Las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del uso creciente de tierras agrícolas para la producción de biocarburantes constituyen el conocido como cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC).

    Por ello, según el portal de noticias www.datadiar.com, el Parlamento Europeo está elaborando una nueva directiva para que estos biocombustibles no supongan más del 6 por ciento del consumo energético de la UE en el sector del transporte para 2020, frente al objetivo actual del 10 por ciento

    El objetivo, pues, es acelerar la transición hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos, y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el creciente uso de tierras agrícolas para la producción de carburantes.

    Los biocombustibles clásicos se obtienen a partir de cultivos como el maíz, la soja o el girasol. La emisión de gases de efecto invernadero que supone utilizar tierras de cultivo para la producción de estos biocarburantes es lo que ha provocado, según el Parlamento Europeo, que se quiera limitar al 6% frente al objetivo actual del 10%. En cuanto a la nueva generación de combustibles producidos a partir de algas y residuos, que tienen un impacto menor en el medio ambiente, Estrasburgo ha aprobado que sean al menos el 2,5% de los combustibles que se utilicen en el transporte en 2020. El conjunto de enmiendas del Parlamento han sido aprobadas por 356 votos a favor, 327 en contra y 14 abstenciones.

    Según la ponente de la directiva, la liberal francesa Corinne Lepage, aunque se trata de un texto muy técnico, el debate ha sido extremadamente difícil y las votaciones muy ajustadas porque los intereses económicos y las repercusiones éticas en juego son muy importantes.

    Falta ver qué posición adoptarán los Estado Miembros antes de la segunda lectura de la Eurocámara.


    Sin embargo, diversas ONG´s han manifestado que lo aprobado por el Parlamento les parece insuficiente. Para la organización ActionAid, el límite del 6% supone un toque de atención a la industria de que la política de incentivar a los biocombustibles se está terminando, pero también se debilita la propuesta de la Comisión, que quería fijar el límite en el 5%. “Se trata esencialmente de un voto por más combustible, menos alimentos y más hambre”, ha declarado Laura Sullivan, abogada de ActionAid, que opina que “los alimentos deben ser para alimentar a la gente, no para alimentar automóviles”.

    Te puede interesar también alguno de los siguientes enlaces.

    lunes, 23 de septiembre de 2013

    El Parlamento Europeo aplaza el voto sobre la directiva de impacto ambiental.

    El informe de la comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea relativo a la modificación de la directiva de impacto ambiental, elaborado por el liberal italiano Andrea Zanoni, propone modificar la directiva vigente de 2011 para que las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto, se sometan a un estudio de impacto medioambiental obligatorio.

    La extracción de gas de esquisto se realiza mediante la técnica de la fracturación hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking), es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno (típicamente agua), con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y que son típicamente menores a 1 mm, y favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases o uranio.
    Se estima que en 2011 esta técnica estaba presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción en uso. Debido al aumento del precio de los combustibles fósiles, que ha hecho económicamente rentables estos métodos, se está propagando su empleo en los últimos años, especialmente en los EE. UU.
    Existe una gran alarma sobre el peligro medioambiental derivado de esta técnica, pues además de un enorme consumo de agua, es habitual que junto con la arena se incluyan multitud de compuestos químicos, cuya finalidad es favorecer la fisuración o incluso la disolución de la roca, y que podrían contaminar tanto el terreno como los acuíferos subterráneos.
    Debido a esto, los diputados también sugieren medidas para hacer frente a los conflictos de interés y consultar debidamente al público sobre la marcha de los proyectos.

    Por todo ello, el Parlamento Europeo haya retrasado a la primera sesión plenaria de octubre el voto sobre la revisión de la citada directiva.

    Si estás interesado en el tema, puede que también estos enlaces te resulten de interés.


    Fuente: www.datadiar.com

    miércoles, 18 de septiembre de 2013

    La matriculación de los satelites

    Este verano algunos estuvimos mirando durante horas el cielo esperando ver estrellas fugaces el día de San Martín, y algunos no pudimos evitar buscar la señal de algún satélite de los miles que están dando vueltas por nuestro planeta y que nos permiten llamar por teléfono, pasearse por el google-maps o ver la TV. No creo que viera ninguno pero tuve tiempo de preguntarme si constaban matriculados y si pasaban la ITV los satélites espaciales.

    El pasado 11 de setiembre de 2013  Abertis anunció que quiere duplicar el tamaño de HISPASAT (CEO Carlos Espinós) para superar en 2022 unos ingresos de 600 millones. Abertis adquirió entre 2008 y 2013, el 57,05% de Hispasat, el operador español de comunicaciones por satélite, que logró en 2011 una cifra total de 187,5 millones de euros (3,4% más que el 2010).

    Los satélites de HISPASAT permiten ofrecer una cobertura a América, Europa y África. Su sistema de comunicaciones por satélite incluye satélites colocados en tres posiciones orbitales: una posición transatlántica, 30º Oeste, en la que se ubican los satélites, Hispasat 1C, 1D, Hispasat 1E y Spainsat; una posición americana, 61º Oeste, en la que se ubican los satélites Amazonas 1 y Amazonas 2, y una posición oriental, 29º Este, en la que se ubica el satélite Xtar-Eur.

    Desde el derecho público, uno percibe la figura de un uso común especial del demanio público extraterrestre y se pregunta a quien debe pedirse permiso para realizar fletes de satélites en uno de esos supuestos en que el estado queda pequeño para asuntos de alcance mundial. A tal efecto, el interés público mundial ha requerido la creación, bajo el paraguas de la ONU, de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que es el único foro internacional de desarrollo de derecho internacional del espacio, habiendo tramitado cinco tratados entre estados y con organismos internacionales, que regulan temas como los principios reguladores de la actividad de exploración y uso del espacio exterior, incluida la luna y otros cuerpos celestes (1967), el rescate de astronautas y objetos (1968), la responsabilidad por daños causados  por objetos espaciales (1972) o el registro de objetos lanzados al espacio ( 1976), todos ellos bajo el principio de que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán realizarse en beneficio e interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad.

    Dicha Comisión también ha fomentado la aprobación por la Asamblea General de la ONU de declaraciones y principios,  entre las que es interesante destacar la declaración de 1996 sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, que fomenta el desarrollo de relaciones contractuales “equitativas y razonables, y deben respetar plenamente los derechos e intereses legítimos de las partes interesadas, como, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual”

    El registro de objetos lanzados al espacio exterior se realiza no directamente sino a través de los estados miembros, que son los firmantes de los tratados, y son los que proveerán a la secretaria de la Comisión de la información de los lanzamientos. En 2012 56 estados habían ratificado, 4 estados firmado y 2 organizaciones internacionales (Agencia espacial Europea y Organización europea para la explotación de satélites meteorológicos) habían aceptado el tratado de Registro, de modo que 93.5% de los objetos funcionales en el espacio  (satélites, pruebas, aterrizadores, naves, componentes de la estación espacial, etc) han sido registrados con la siguientes información: nombre del país de lanzamiento,  designación del objeto espacial o número de registro, fecha y lugar de lanzamiento, parámetros básicos orbitales y función general del objeto espacial.


    En cuanto a la ITV, surgen dudas pero apostaría a que no existe un organismo mundial de comprobación de que los paneles o las antenas se hallen en buen estado de uso para la seguridad del tráfico espacial.

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