El Gobierno español ha
impulsado la reforma del sistema eléctrico estatal para poner fin a los desequilibrios del
sistema eléctrico, el llamado déficit de tarifa. Actualmente este déficit de
tarifa asciende a unos 4.500 millones de euros anuales, y lleva acumulados más
de 26.000 millores de euros.
La reforma se articula
entorno a dos normas:
Las medidas adoptadas
consisten principalmente en:
1.- Repartir el esfuerzo
para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y Estado. Así, de los
4.500 millones de desequilibrio, 2.700 millones serán asumidos por las
compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de
euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos Generales y los
900 millones de euros restantes serán asumidos por los consumidores a través de
una subida de peajes.
2.- Introducir cambios
normativos para que el sistema sea más flexible y pueda evitar nuevos
desequilibrios en el futuro.
3.- Garantizar el
suministro al menor coste posible para el consumidor. Para ello, se simplifica
la factura eléctrica y se introducen cambios normativos para fomentar la
competencia, reforzando los mecanismos de atención al cliente y manteniendo la
protección para los consumidores vulnerables.
La aplicación de estas
medidas, más allá de ser estrictamente técnicas o de reparto de los problemas
financieros del pasado, obliga a plantearse cuál es el modelo energético
español que el Gobierno plantea para el futuro: realmente esta reforma avanza
hacia el objetivo de reducir el consumo y las emisiones para ser más sostenibles como
sociedad, y reducir el coste energético del país para ser más competitivos en
el exterior? O más bien se posiciona al lado de aquellos que en su día,
teniendo el mercado eléctrico a sus pies, hicieron grandes inversiones y ahora
no quieren perder ni sus inversiones ni su posición dominante en el sistema?
En un próximo post
trataremos de esta cuestión.
miércoles, enero 29, 2014
