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jueves, 26 de septiembre de 2013

La Eurocámara abre la puerta a los biocarburantes de última generación

Los biocarburantes clásicos o de primera generación, principalmente el etanol y el biodiésel, se obtienen a partir de cultivos como el maíz o plantas oleaginosas como la soja, el girasol y la palma. Las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del uso creciente de tierras agrícolas para la producción de biocarburantes constituyen el conocido como cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC).

Por ello, según el portal de noticias www.datadiar.com, el Parlamento Europeo está elaborando una nueva directiva para que estos biocombustibles no supongan más del 6 por ciento del consumo energético de la UE en el sector del transporte para 2020, frente al objetivo actual del 10 por ciento

El objetivo, pues, es acelerar la transición hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos, y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el creciente uso de tierras agrícolas para la producción de carburantes.

Los biocombustibles clásicos se obtienen a partir de cultivos como el maíz, la soja o el girasol. La emisión de gases de efecto invernadero que supone utilizar tierras de cultivo para la producción de estos biocarburantes es lo que ha provocado, según el Parlamento Europeo, que se quiera limitar al 6% frente al objetivo actual del 10%. En cuanto a la nueva generación de combustibles producidos a partir de algas y residuos, que tienen un impacto menor en el medio ambiente, Estrasburgo ha aprobado que sean al menos el 2,5% de los combustibles que se utilicen en el transporte en 2020. El conjunto de enmiendas del Parlamento han sido aprobadas por 356 votos a favor, 327 en contra y 14 abstenciones.

Según la ponente de la directiva, la liberal francesa Corinne Lepage, aunque se trata de un texto muy técnico, el debate ha sido extremadamente difícil y las votaciones muy ajustadas porque los intereses económicos y las repercusiones éticas en juego son muy importantes.

Falta ver qué posición adoptarán los Estado Miembros antes de la segunda lectura de la Eurocámara.


Sin embargo, diversas ONG´s han manifestado que lo aprobado por el Parlamento les parece insuficiente. Para la organización ActionAid, el límite del 6% supone un toque de atención a la industria de que la política de incentivar a los biocombustibles se está terminando, pero también se debilita la propuesta de la Comisión, que quería fijar el límite en el 5%. “Se trata esencialmente de un voto por más combustible, menos alimentos y más hambre”, ha declarado Laura Sullivan, abogada de ActionAid, que opina que “los alimentos deben ser para alimentar a la gente, no para alimentar automóviles”.

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lunes, 23 de septiembre de 2013

El Parlamento Europeo aplaza el voto sobre la directiva de impacto ambiental.

El informe de la comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea relativo a la modificación de la directiva de impacto ambiental, elaborado por el liberal italiano Andrea Zanoni, propone modificar la directiva vigente de 2011 para que las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto, se sometan a un estudio de impacto medioambiental obligatorio.

La extracción de gas de esquisto se realiza mediante la técnica de la fracturación hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking), es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno (típicamente agua), con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y que son típicamente menores a 1 mm, y favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases o uranio.
Se estima que en 2011 esta técnica estaba presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción en uso. Debido al aumento del precio de los combustibles fósiles, que ha hecho económicamente rentables estos métodos, se está propagando su empleo en los últimos años, especialmente en los EE. UU.
Existe una gran alarma sobre el peligro medioambiental derivado de esta técnica, pues además de un enorme consumo de agua, es habitual que junto con la arena se incluyan multitud de compuestos químicos, cuya finalidad es favorecer la fisuración o incluso la disolución de la roca, y que podrían contaminar tanto el terreno como los acuíferos subterráneos.
Debido a esto, los diputados también sugieren medidas para hacer frente a los conflictos de interés y consultar debidamente al público sobre la marcha de los proyectos.

Por todo ello, el Parlamento Europeo haya retrasado a la primera sesión plenaria de octubre el voto sobre la revisión de la citada directiva.

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Fuente: www.datadiar.com

miércoles, 18 de septiembre de 2013

La matriculación de los satelites

Este verano algunos estuvimos mirando durante horas el cielo esperando ver estrellas fugaces el día de San Martín, y algunos no pudimos evitar buscar la señal de algún satélite de los miles que están dando vueltas por nuestro planeta y que nos permiten llamar por teléfono, pasearse por el google-maps o ver la TV. No creo que viera ninguno pero tuve tiempo de preguntarme si constaban matriculados y si pasaban la ITV los satélites espaciales.

El pasado 11 de setiembre de 2013  Abertis anunció que quiere duplicar el tamaño de HISPASAT (CEO Carlos Espinós) para superar en 2022 unos ingresos de 600 millones. Abertis adquirió entre 2008 y 2013, el 57,05% de Hispasat, el operador español de comunicaciones por satélite, que logró en 2011 una cifra total de 187,5 millones de euros (3,4% más que el 2010).

Los satélites de HISPASAT permiten ofrecer una cobertura a América, Europa y África. Su sistema de comunicaciones por satélite incluye satélites colocados en tres posiciones orbitales: una posición transatlántica, 30º Oeste, en la que se ubican los satélites, Hispasat 1C, 1D, Hispasat 1E y Spainsat; una posición americana, 61º Oeste, en la que se ubican los satélites Amazonas 1 y Amazonas 2, y una posición oriental, 29º Este, en la que se ubica el satélite Xtar-Eur.

Desde el derecho público, uno percibe la figura de un uso común especial del demanio público extraterrestre y se pregunta a quien debe pedirse permiso para realizar fletes de satélites en uno de esos supuestos en que el estado queda pequeño para asuntos de alcance mundial. A tal efecto, el interés público mundial ha requerido la creación, bajo el paraguas de la ONU, de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que es el único foro internacional de desarrollo de derecho internacional del espacio, habiendo tramitado cinco tratados entre estados y con organismos internacionales, que regulan temas como los principios reguladores de la actividad de exploración y uso del espacio exterior, incluida la luna y otros cuerpos celestes (1967), el rescate de astronautas y objetos (1968), la responsabilidad por daños causados  por objetos espaciales (1972) o el registro de objetos lanzados al espacio ( 1976), todos ellos bajo el principio de que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán realizarse en beneficio e interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad.

Dicha Comisión también ha fomentado la aprobación por la Asamblea General de la ONU de declaraciones y principios,  entre las que es interesante destacar la declaración de 1996 sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, que fomenta el desarrollo de relaciones contractuales “equitativas y razonables, y deben respetar plenamente los derechos e intereses legítimos de las partes interesadas, como, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual”

El registro de objetos lanzados al espacio exterior se realiza no directamente sino a través de los estados miembros, que son los firmantes de los tratados, y son los que proveerán a la secretaria de la Comisión de la información de los lanzamientos. En 2012 56 estados habían ratificado, 4 estados firmado y 2 organizaciones internacionales (Agencia espacial Europea y Organización europea para la explotación de satélites meteorológicos) habían aceptado el tratado de Registro, de modo que 93.5% de los objetos funcionales en el espacio  (satélites, pruebas, aterrizadores, naves, componentes de la estación espacial, etc) han sido registrados con la siguientes información: nombre del país de lanzamiento,  designación del objeto espacial o número de registro, fecha y lugar de lanzamiento, parámetros básicos orbitales y función general del objeto espacial.


En cuanto a la ITV, surgen dudas pero apostaría a que no existe un organismo mundial de comprobación de que los paneles o las antenas se hallen en buen estado de uso para la seguridad del tráfico espacial.

martes, 17 de septiembre de 2013

Nuevos impuestos medioambientales


La Generalitat de Catalunya ha manifestado su intención de crear para 2014 tres nuevos impuestos medioambientales para recaudar 50 millones anuales, amparándose en una supuesta moderna política medioambiental:
  • Tasa a la producción termonuclear de energía eléctrica sobre las tres centrales nucleares catalanas, a las que se gravará con 43 millones (ya existe la tasa en la Comunidad Valenciana)
  • Gravamen sobre la contaminación de los aviones comerciales, de la que espera recaudar 3,6 millones,
  • Tasas sobre la emisión de gases en la industria, Esta tasa ya existe en Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana y generará ingresos adicionales de 2,76 millones.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, las ha justificado para «conseguir recursos nuevos». «No hacemos nada que no esté hecho en nuestro entorno; está en línea con una perspectiva moderna de política medioambiental», ha añadido el conseller de la Presidència, que espera que estas medidas no se trasladen en un incremento del precio de la electricidad o los vuelos.

Por otra parte, el ejecutivo encabezado por Artur Mas también abordó el tema del fracking. Aunque en su día el Parlament decidió no prohibir esta técnica de extracción de gas y petróleo por fracturación hidráulica, el Gobierno catalán ha decidido no conceder licencias de fracking. Según un grupo de expertos formado por la Generalitat y el instituto Geológico, Catalunya no cuenta con recursos naturales que lo hagan viable, ya que solo hay gas en una pequeña extensión de los Pirineos y recomiendan una apuesta por las renovables.

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lunes, 16 de septiembre de 2013

Medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas

El pasado 29 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (“RD-ley 8/2013”), que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La aprobación del RD-ley 8/2013 se enmarca dentro de la estrategia de erradicación de la morosidad de las Administraciones Públicas, y tiene por objeto la puesta en marcha de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. A tal efecto, establece en su Título I una tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores (regulado con los anteriores Real Decreto-ley 4/2012 y Real Decreto-ley 7/2012) que ayude a las Administraciones autonómicas y locales a hacer frente a su deuda comercial, y, como complemento, en su Título II, regula un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a la liquidez, para ayudar a los municipios que se encuentren en situaciones de especial dificultad.

Además de dichas medidas, la norma prevé como novedad la ampliación de su ámbito de aplicación, ya que a las obligaciones pendientes de pago que se puede afrontar en esta nueva fase ya reguladas anteriormente se les añaden otras relaciones jurídicas como las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme, siempre que la administración sea la beneficiaria de la expropiación.


Otra novedad destacable en este RD-Ley es que los acreedores de los proveedores podrán acceder y conocer si éstos están incluidos en la nueva fase del mecanismo de pago y si han aceptado el pago así como la fecha en que se ha remitido la relación de facturas que serán objeto de cobro por el proveedor, todo ello con la finalidad de incidir en la protección a los subcontratistas de aquellos proveedores de los que las Administraciones Públicas son deudores.

En los últimos días se han producido nuevas noticias respecto a este punto, las cuales recogemos en el siguiente enlace: Hacienda abre la última fase del plan para pagar a proveedores

jueves, 5 de septiembre de 2013

El Gobierno empieza a suprimir 57 organismos estatales este mes

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este miércoles que ha encargado un informe a la OCDE para que "ayude" al Ejecutivo en el "seguimiento y ejecución" de las 218 medidas que presentó el pasado mes de junio para racionalizar, modernizar las administraciones públicas y evitar duplicidades. Además, ha avanzado que en estos meses ya se han ejecutado "más de la mitad" de esas propuestas y ha dicho que este mes empezarán con la supresión o fusión de los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal. 

Sáenz de Santamaría ha presidido en el Palacio de la Moncloa la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que presentó el 21 de junio hizo público un extenso informe con más de dos centenares de propuestas de racionalización de las administraciones y medidas estructurales sobre el empleo público con las que el Gobierno calcula un ahorro de 37.000 millones de euros entre 2012 y 2015, cuando se prevé su completa implantación. 

Supresión o fusión 
La vicepresidenta ha adelantado que este mes de septiembre se impulsará un amplio paquete de medidas, entre ellas la que aboga por "extinguir, fusionar o reorganizar los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal recogidas en el informe de la CORA. "Este mes será clave para iniciar y en lo posible culminar este proceso", ha enfatizado. 

 Entre esos 57 organismos que se está analizando su continuidad figura el Consejo de la Juventud, la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Consumo, el Servicio Militar de Construcciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina. 

También se empezará más adelanta con la supresión de una decena de consorcios y 90 observatorios. Igualmente, la 'número dos' del Ejecutivo ha explicado que en estas semanas remitirán a las Cortes el proyecto de ley que autorice a elaborar 17 textos refundidos en relación con leyes que han cambiado con frecuencia, al tiempo que se pondrá en marcha el tablón edictal único y se establecerá un punto neutro para el embargo de pagos de las administraciones públicas. 

Telégrafos 
La vicepresidenta del Gobierno ha avanzado que ya está en marcha el proceso para vender más de 15.000 inmuebles del Estado, entre fincas urbanas y rústicas "infrautilizadas", así como la creación del comité para la administración judicial electrónica o la cita previa en los servicios públicos de empleo. 

Como ejemplo de que el Gobierno está aplicando a rajatabla las medidas aprobadas el pasado mes de junio, ha destacado que el Ministerio del Interior ha aprobado la contratación centralizada de energía eléctrica que supone un ahorro anual de siete millones de euros (de un presupuesto de 40 millones). "Esto pone de manifiesto que sin pérdida de calidad del servicio y sin generar problemas al usuario se pueden llevar a cabo ahorros importantes", ha proclamado.

Aparte de poner en marcha las medidas incluidas en la CORA, ha manifestado que el Gobierno sigue incorporando medidas para mejorar la actuación de las administraciones. Así, ha dicho que se ha incluido la relativa a la reorganización de los servicios telegráficos de la Administración General del Estado. Finalmente, Sáenz de Santamaría ha afirmado rotunda que el Gobierno se toma en "serio" la implantación de estas medidas y ha confirmado que el próximo 21 de septiembre presentarán el informe trimestral de cumplimiento del informe de la CORA, que se convertirá en un índice.

Fuente: SueldosPublicos

martes, 3 de septiembre de 2013

¿Quién puede realizar el certificado energético?

Según establece el Real Decreto 235/2013, los técnicos competentes para certificar son aquellos que estén en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o que sin poseer las titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta.

Por tanto y en relación con la Ley 38/1999, son técnicos competentes para suscribir el certificado de eficiencia energética en los edificios, además de los Arquitectos, Arquitectos técnicos o Aparejadores, las personas que, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades,dispongan de las siguientes titulaciones:

  • Ingeniero Aeronáutico
  • Ingeniero Agrónomo
  • Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
  • Ingeniero Industrial
  • Ingeniero de Minas
  • Ingeniero de Montes
  • Ingeniero Naval y Oceánico
  • Ingeniero de Telecomunicación
  • Ingeniero Técnico Aeronáutico
  • Ingeniero Técnico Agrícola
  • Ingeniero Técnico Forestal
  • Ingeniero Técnico Industrial
  • Ingeniero Técnico de Minas
  • Ingeniero Técnico Naval
  • Ingeniero Técnico de Obras Públicas
  • Ingeniero Técnico Telecomunicación
  • Ingeniero Técnico Topógrafo
Existe también la figura de “otros técnicos habilitados”. Actualmente las titulaciones a continuación mencionadas no pueden hacer certificados energéticos, pero se está revisando su candidatura. Las titulaciones académicas candidatas a ocupar esta figura son varias, destacando en presunción a las competencias curriculares establecidas por el Ministerio de Educación a los profesionales de:
  • Licenciatura en Ciencias Físicas
  • Licenciatura en Ciencias Químicas
  • Licenciatura en Ciencias Ambientales
  • Licenciatura en Ciencias Geológicas
  • Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
  • Técnico Superior en Proyectos de Edificación
Después del documento de preguntas frecuentes publicado por el MINETUR donde se establece ellistado de titulaciones habilitadas como Técnicos Competentes, y de la aparición de un documentoBorrador de Orden Ministerial del R.D. 235/2013 de Certificación Energética Edificios quedamos aún a la espera de la publicación oficial de la Orden Ministerial que desarrolle la Disposición Adicional cuarta del R.D. 235/2013“Otros técnicos habilitados” y establezca qué otros perfiles podrán realizar Certificados de Eficiencia Energética en Edificios.

Fuente: ecoticias.com

Sobre este tema Cuch i Aguilera ha publicado varios post, que complementan el que aquí os presentamos:

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